Ley de pago en plazos justos: lo que debe saber de esta norma

Ley de pago en plazos justos

El 23 de julio de 2020, el Congreso de la República aprobó la Ley 2024, más conocida como la Ley de pago en plazos justos. La aparición de esta ley, su reglamentación mediante decreto en diciembre del mismo año y su entrada en vigencia el 1 de enero de 2021 generó una expectativa bastante alta entre las pequeñas y medianas empresas del país. Si no entiende cómo ha estado funcionando la Ley de plazos en pagos justos desde enero del año pasado, o si quiere tener los puntos claves de la normativa a la mano, ¡no se afane! En este artículo le explicamos todo lo que debe saber.

 

¿De qué se trata la ley?

 

La Ley 2024 del 23 de julio de 2020 establece una serie de medidas diseñadas para garantizar el flujo de caja de todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país. El contenido de esta ley fue reglamentado por el Decreto 1733 del 22 de diciembre de 2020, donde se puede encontrar toda la información de cómo será aplicada, a quienes beneficia y las etapas en que se desarrollará. 

 

En general, la ley de pago en plazos justos se creó para garantizar que a los empresarios de pequeñas y medianas empresas se les pague cualquier factura o contrato de venta en un plazo no mayor a 60 días a lo largo del 2021 y 45 días a partir del 1 de enero de 2022.

La Ley de pago en plazos justos regula todos los pagos efectuados como respuesta a cualquier actividad comercial. Esto quiere decir que toda empresa, ya sea grande, pequeña o mediana, debe pagarle a las Mipymes con las que celebre un contrato de compraventa dentro del tiempo estipulado por la norma. Quienes no hayan expedido una factura electrónica, o los comerciantes que no están obligados a expedir factura, también se pueden beneficiar de esta normativa.

 

¿Desde cuándo empezó a funcionar?

 

La Ley 2024, mediante la cual se adopta la norma, está fechada el 23 de julio de 2020. Fue reglamentada por el Gobierno Nacional en diciembre del mismo año y entró en vigencia el 1 de enero de 2021. El Decreto dicta que a lo largo del primer año de vigencia de la norma, es decir el 2021, el tiempo máximo de pago a proveedores será de 60 días. A partir del 1 de enero de 2022 se reduce el tiempo máximo de pago a 45 días. En la norma se incluyen también los contratos celebrados o firmados antes de 2021 pero con fecha de facturación posterior al 1 de enero de 2021.

 

¿Qué consecuencias tiene esta normativa?

 

Recordemos que antes de la existencia de esta normativa, las facturas y contratos de venta podían ser pagadas en tiempos que llegaban hasta los 90 días. ¡Eso son tres meses de espera! Reduciendo el tiempo del pago a 45 días se asegura la entrada del dinero a las Mipymes que lo necesitan para continuar con su operación.

 

Por otro lado, si el deudor no cumple con el plazo estipulado por la norma, el acreedor podrá reclamar una indemnización por la totalidad de los costos de cobro a causa de la mora.

 

¿Qué excepciones tiene la ley?

 

La ley tiene varias excepciones. Aquí le dejamos las tres principales:

 

  • La Ley de pago en plazos justos se refiere únicamente a actos mercantiles. Esto quiere decir que únicamente abarca el campo del comercio y contratos de venta. Toda obligación que no haga parte de este ámbito está exceptuada de esta norma.
  • La Ley no se aplica a las relaciones entre grandes empresas. Este tipo de empresas todavía pueden pactar tiempos de pago mayores o menores a lo establecido por esta normativa. La norma solo aplica los pagos que una empresa de cualquier tamaño debe hacer a una Mipyme (micro, pequeña o mediana empresa). 
  • Pagos bajo concepto de una indemnización por daño o de un contrato de seguro. En este caso, el tiempo de pago se sigue dando por los términos del contrato de seguro y reaseguro.

 

¿Algo más que deba saber?

 

La mejor idea para entender la totalidad de la normativa es, por supuesto, recurrir a los documentos oficiales que se pueden encontrar en línea y donde está estipulado todo lo que implica la norma. Puede encontrar la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 aquí y el Decreto 1733 del 22 de diciembre de 2020 aquí.

 

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